Teniendo reciente el Día por la Igualdad Salarial, desde D-Iguales queremos aportar nuestro grano de arena a su conmemoración.
La Constitución española establece la igualdad efectiva entre hombres y mujeres proclamando el derecho a la no discriminación por razón de sexo (artículo 14). El Estatuto de los Trabajadores, por su parte, establece el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral (artículo 85.1). Finalmente, la Ley Orgánica (3/2007) para la igualdad fue aprobada con la idea de acabar con toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
Pese a dicho marco legislativo, actualmente en países como España las mujeres siguen cobrando un 14’9% menos que los hombres (Eurostat-European Comission). Dicha realidad se repite en todo el mundo generando, así, una brecha salarial entre ambos.
Algunos de los factores que propician tal escenario son la falta de medidas adecuadas para la conciliación laboral/familiar. El caso es que durante la maternidad muchas mujeres sufren una exclusión desde sus lugares de trabajo, teniendo casi la obligación de optar por jornadas reducidas con tal de poder compaginar vida doméstica, privada y laboral: el 93% de los hombres tienen contratos a jornada completa respecto al 76’8% de mujeres, siendo el resto temporales (Instituto Nacional de Estadística). Además, en muchas ocasiones, un puesto de trabajo no solamente es relacionado con un género, discriminando el acceso al otro, sino que también es más valorado que otro de características iguales y de formación equiparable: una mujer de media cobra 10’86 euros la hora mientras que un hombre 12’76 por el mismo trabajo (Instituto Nacional de Estadística). Tales circunstancias propician que las mujeres, al terminar su vida laboral, reciban pensiones inferiores, siendo la diferencia de 414 euros menos en 2016 (Ministerio de Empleo). El caso es que tan solo 1 de cada 4 convenios incluye medidas para la igualdad salarial.
Ante tal situación, ya en 2014 la Comisión Europea emitió una recomendación que instaba a los países miembros a impulsar auditorías en las empresas y transparencia en las nóminas.
Algunos países que han implantado recientemente medidas han sido Alemania, Islandia o Reino Unido. En el caso de Islandia, se impondrán importantes sanciones a partir de 2020 para aquellas compañías de más de 25 personas trabajadoras con retribución desigual. Alemania, por su lado, permitirá que las trabajadoras de grandes empresas puedan solicitar toda aquella información relativa al sueldo de sus compañeros a su mismo nivel. Además, obligará a las empresas con más de 500 trabajadores/as a examinar si cumplen con los criterios de igualdad a nivel retributivo. Finalmente, en el Reino Unido, toda compañía de más de 250 trabajadoras/es deberá presentar la remuneración media de sus personas empleadas.
En el caso del Gobierno Español, este 2018 está pendiente de aprobarse la implantación de auditorías en empresas de más de 250 trabajadoras/es. No obstante, a partir de dicha propuesta quedarían exentas una gran parte de empresas y no se podría imponer ningún tipo de sanción a aquellas más discriminatorias.
A raíz de la situación española, Unidos Podemos-En Marea ha presentado la Proposición de Ley por la Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres. A partir de ésta las empresas de más de 10 personas trabajadoras estarían obligadas a hacer auditorías y, si las mujeres percibiesen desde un 20% menos, se obligaría a la empresa a igualar los salarios al alza incluyendo indemnizaciones por daños y perjuicios. Entre otras medidas obligaría a la creación de órganos paritarios tanto en comités de empresa como en sindicatos para una negociación más plural. Actualmente los otros partidos de la oposición, PSOE y C’s, también se encuentran trabajando para presentar proyectos de ley centrados en esta cuestión.
Desde el Partido Popular se afirma estar trabajando en la aprobación y aplicación de tales medidas y proyectos. Ahora bien, parece que no sea su prioridad, sobre todo después de las polémicas declaraciones del Presidente el pasado 24 de Enero, cuando en una entrevista en Onda Cero aseguró que la política salarial era un asunto de las empresas y no de los gobiernos.
En general es necesario que el Estado promueva dichas leyes, ya que la mayoría de las discriminaciones en el mundo empresarial son invisibilizadas y, por lo tanto, negadas. No obstante, con tal de hacer efectivas las nuevas medidas, es importante compaginar dicho marco jurídico y legislativo con un modelo educativo que fomente y facilite los valores relativos a la igualdad de trato y de oportunidades como son, por ejemplo, la corresponsabilidad en el hogar o la representación equilibrada en los lugares de trabajo.