Esta misma cuestión puede surgir cada vez que vemos una web de una administración pública, de una ONG, o simplemente ante las políticas específicas dirigidas a nosotras.
¿Por qué se considera que necesitamos ayuda? ¿Acaso no vivimos en un país del primer mundo, donde ya no hay machismo?… Pero la realidad es que como no hemos adquirido una perspectiva de género podemos no saber muy bien cómo responder a estas preguntas.
Con “exclusión social” nos referimos a quienes por su condición social son total o parcialmente apartad@s de una participación plena en la sociedad, quedando en situación vulnerable. El sistema es el mismo para mujeres y para hombres, pero la manera en que nos integramos no lo es. Para entenderlo, debemos tener en cuenta el impacto que tiene la igualdad de oportunidades en el sistema.
Donde nos vamos a centrar, por cercanía con la labor que desarrollamos como consultora, es en la violencia económica. Todavía aparece una clara discriminación en el ámbito laboral, como por ejemplo en el hecho de que los sectores con peor retribución estén ocupados por mujeres. O que los puestos ocupados acusen mayor temporalidad y parcialidad, ambas procedentes a su vez de ese rol que ejercemos como cuidadoras principales de nuestras hijas e hijos, mayores dependientes o personas con diversidad funcional. En la misma línea se sitúan el paro femenino, la brecha salarial, la dificultad de acceso a cargos de responsabilidad, o bien las facilidades proporcionadas por el estado y que están basadas en el modelo masculino ininterrumpido de jornada completa.
Uno de los conceptos a reivindicar es que nuestra situación responde a un sistema, a unas estructuras que mantienen en el tiempo formas de relacionarse y producir. Cuando situamos estos factores dentro de un conjunto, es más sencillo evaluar causas y consecuencias. Es así como nos veremos ‘obligadas’ a elegir entre nuestra carrera, o nuestra formación, y cualquier aspecto de nuestra vida personal que sea importante para nosotras.
Es más que probable que tengamos una peor retribución y peores condiciones laborales. Además, muy probablemente nos enfrentaremos a procesos selectivos sesgados; incluso, a descripciones de puestos que consideran nuestro trabajo menos valioso o ni siquiera nos nombran, o a promociones que no llegan. Casi con seguridad esto se producirá en mitad de una batalla en favor de una conciliación de la que se habla mucho, pero todavía se considera un lujo o una cuestión exclusivamente femenina.
No obstante, queremos recordar también las voces en contra de esta denominación de “colectivo”: las mujeres representamos un elevadísimo volumen de población, y seguir considerándonos como algo excepcional en vez de como una constante tiene connotaciones negativas. Por otra parte, al hablar de “colectivo” refiriéndonos a todas las mujeres, parece perderse la individualidad de cada una de nosotras; nos despersonaliza en cierta manera.
En este punto, queremos poner en valor el enfoque interseccional. Con esto queremos decir que no pertenecemos a una sola categoría; no solamente somos mujeres, sino que somos mujeres con un color de piel, una procedencia, unas capacidades, una orientación sexual e identidad de género y una edad determinada. Observamos entonces que las mujeres empobrecemos por razones y procesos específicos condicionados por el género, pero sin perder de vista todo el resto de factores que pueden aparecer.
Como nuestras circunstancias de partida son diferentes y suponen una serie de impedimentos para iguales trato y oportunidades, es un asunto de justicia social que las políticas dirigidas a nosotras lo hagan desde esa búsqueda de equilibrio. No se minimizan los problemas de otros colectivos, sino que se ponen en valor los nuestros y se habilitan un espacio y una atención concretas. Es imprescindible un trato específico, con formación adaptada y recursos propios, así como la creación de conciencia social y medidas que favorezcan la plena integración.
No solamente hay que situar a la sociedad civil en su conjunto como responsable de velar por el bienestar de su población, destacando a las instituciones gubernamentales como valedoras y poniendo de relevancia el papel clave que juegan el sistema educativo y los medios de comunicación. También debemos recalcar el importante papel que desempeñan las empresas en el mantenimiento de ese equilibrio social y en el ejemplo que pueden constituir para otras organizaciones a la hora de garantizar una cultura corporativa con perspectiva de género que haga compatible, entre otras cosas, la maternidad y el cuidado con el trabajo retribuido. Para ello, no basta con que haya una normativa; tiene que funcionar de manera efectiva, y permitir la integración y el ejercicio pleno de la ciudadanía a las mujeres.
¿Os habíais preguntado alguna vez el por qué de esta cuestión?
